SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Compilación y análisis Graciela Calvelo
INTRODUCCION
Para este resumen se utilizaron documentos del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), del IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos) y textos de autores varios dedicados al tema desde lo académico.
La idea central es poder mostrar en un golpe de vista por dónde están pasando las principales discusiones actuales sobre los temas relacionados a y las articulaciones entre:
Ø seguridad
Ø derechos humanos
Ø rol del Estado
Como militantes de una agrupación transformadora, que rescata la tradición nacional y popular, no podemos caer en el análisis de la seguridad ciudadana en los términos que nos son impuestos por las ideologías del poder.
Existe en este momento una falsa dicotomía entre mayor seguridad vs. mayores derechos.
Nosotros debemos comprender los orígenes de este debate para poder plantear argumentos sólidos y convincentes sobre la seguridad ciudadana y sobre las políticas propuestas para garantizarla.
La problemática de la seguridad está unida de forma absoluta a la problemática de los derechos humanos. No hay modo de pensar la una sin pensar la otra.
BASES DEL CONFLICTO
Hay un temor generalizado frente a la posibilidad de ser víctima de un hecho de violencia, temor que es acicateado desde los medios de comunicación (con diversos propósitos, que luego iremos viendo).
Con justa razón, la gente reclama al Estado protección.
El estado responde coyunturalmente, con respuestas acotadas y que no van al tema de fondo: las causas de la inseguridad ciudadana y los medios para modificar esas causas.
Nosotros tenemos la obligación de hacer un análisis más complejo, que parta de fundamentos válidos y que no dé por buenas las falsas opciones que se manejan habitualmente.
Empecemos por ver lo que se nos presenta como falsa opción: la seguridad pública requiere una disminución de los derechos individuales.
Bajo este concepto, debemos resignar derechos en pos de obtener protección frente a crímenes violentos. Esta afirmación aparentemente simple contiene varios supuestos:
1. que la garantía de los derechos humanos es un obstáculo a las políticas de seguridad
2. que hay una alta posibilidad de ser víctima de un crimen violento
3. que solamente resignando derechos individuales facultamos al Estado a protegernos.
Esta visión pertenece a otra etapa histórica, pero aún continúa vigente dado que hay sectores poderosos dentro de las sociedades actuales a los cuales aún les sirve que se piensen las cosas en estos términos.
Debemos desarmar esta lógica y poder plantear el tema de la inseguridad en otros términos. Empecemos por analizar los supuestos anteriores y vamos a desmantelarnos de a uno:
1. la visión de los derechos como obstáculo responde a un modo de ver la sociedad que es propio del positivismo del siglo diecinueve: según ella hay un orden social, superior a los individuos, que debe ser mantenido; este orden es imparcial y neutral; cualquiera que se oponga a este orden es una “desviación” y debe ser separado del resto; por otra parte, esta visión del ORDEN ha sido reforzada en los años de dictadura, ya que el Estado terrorista la aprovechó para sus fines y se sirvió de ella para someter cualquier oposición.
2. la ocurrencia de crímenes violentos está sobre-representada en los medios de comunicación, es decir que, si bien ocurren, no lo hacen en la medida en que lo muestran los noticieros; los motivos de este discurso también son complejos y serán analizados más adelante.
3. la falsa opción entre libertad y seguridad obedece a un modo de pensar que ve el ORDEN SOCIAL como un valor en sí mismo, independiente de lo que sea mejor para cada uno en tanto ciudadanos; la sensación de miedo del punto anterior ayuda a que la gente acepte ver recortados sus derechos; esto también lo desarrollaremos luego.
Los viejos modelos de seguridad representan puntos de vista que limitan la visión del problema que dicen encarar, son necesarios nuevos paradigmas capaces de dar respuesta a las nuevas formas de relaciones y luchas sociales que acompañaron los cambios políticos y económicos de las últimas décadas.
Por otra parte, como militantes populares debemos revalorizar la noción de CONFLICTO, que lejos de ser una desviación de la supuesta normalidad, es parte constitutiva de las relaciones sociales; no debe intentarse evitarla sino que es el genuino motor del cambio social, y cualquier política estatal debe tomarla como parte de su objeto.
1. la acción estatal debe INTERVENIR en el conflicto social, ya que su prescindencia en ocasión de desigualdad significa apoyar al más fuerte en perjuicio del más débil
2. la falta de intervención estatal termina conduciendo a situaciones donde la sensación de desprotección lleva a la población a descreer de la capacidad del Estado para resolver los conflictos sociales y en consecuencia justifica las nociones de justicia por mano propia y/o de otras soluciones ajenas al marco legal
3. la SEGURIDAD CIUDADANA es un BIEN SOCIAL, debe ser protegido y se debe accionar en pos de su vigencia, pero no puede convertirse estas políticas en la protección de la seguridad de un determinado sector social a costas de los derechos de otros sectores sociales
4. el ESTADO, como garante de la seguridad ciudadana, debe ocuparse de las múltiples dimensiones de este problema, no sólo de la fase relativa al delito y su represión, sino a las causas que llevan a delinquir, a las redes que favorecen y facilitan la delincuencia y al rol de los aparatos estatales en este entramado.
5. las fuerzas de seguridad, que han sido formadas para mantener el ORDEN PÚBLICO, donde el eje es un orden social abstracto que mantenga el status quo a toda costa, deben replantearse en términos de SEGURIDAD CIUDADANA, donde el eje son los derechos y las libertades de la población.
El resumen a continuación es un extracto de la propuesta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre el tema, tomamos de allí lo que nos pareció más importante, la propuesta completa es muy interesante y vale la pena consultarla.[1]
Importancia de construir una política de seguridad ciudadana en el siguiente escenario:
Hay una demanda:
Ø la población exige una actuación “inmediata”, eficaz y contundente por parte de las instituciones.
que por lo general obtiene una respuesta:
Ø aparecen medidas de corto plazo y coyunturales que se inscriben en el esquema de mano dura.
y esto trae consecuencias:
Ø descoordinación de actividades adelantadas en la materia,
Ø construcción de iniciativas que compiten entre sí con la correlativa difusión de esfuerzos y recursos,
Ø dificultad para la construcción de una política de seguridad ciudadana que requiere de acciones multidimensionales.
Ø las tendencias de violencia y de criminalidad, así como las propuestas y fórmulas para erradicarlas y combatirlas, dominan la vida cotidiana y la política electoral.
Seguridad ciudadana y derechos humanos desde la visión institucional
Una definición más precisa diría:
Seguridad ciudadana es aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos.
El derecho a la seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho, consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos.
Los fenómenos de la criminalidad y violencia se asocian por un lado:
Ø al aumento de la desigualdad,
Ø a la exclusión social y
Ø a la progresiva limitación de oportunidades
y por el otro,
Ø a la insuficiencia institucional para enfrentarlos.
Por ello, una política adecuada de seguridad ciudadana tiene que ser concebida,
Ø como parte del conjunto de los esfuerzos de los Estados por avanzar en la inclusión social y la igualdad de oportunidades y
Ø como parte del esfuerzo de fortalecer nuestras aún débiles democracias y garantizar los derechos humanos y libertades públicas
En relación con la situación de la criminalidad y la violencia, el tema de los derechos humanos se relaciona principalmente al menos en tres sentidos:
Ø La repercusión que tienen los altos niveles de criminalidad y violencia y las políticas de control en el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad personal y a la justicia, por sólo mencionar algunos.
Ø La garantía del derecho humano a la seguridad ciudadana es una obligación del Estado sobre la cual se legitima la propia existencia del Estado de Derecho, el cual, a través de sus diferentes instituciones, debe brindar seguridad al individuo en sí y como parte de la sociedad a la que pertenece en el libre goce de sus derechos. Cuando el Estado, ya sea por acción o por omisión falta de articulación de estrategias, planes y políticas adecuadas, no garantiza la seguridad de los individuos y los derechos que la misma lleva aparejada (vida, libertad, integridad, propiedad, igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades etc.) incumple tres tipos de obligaciones estatales al respecto, como lo son las de respetar, proteger y cumplir derivando en el fracaso parcial en garantizar y proteger los derechos humanos de toda la población, especialmente de aquella más vulnerable a la violencia, justamente aquellos con más problemas de destitución de derechos.
Ø La función policial constituye un servicio público a la comunidad que tiene por finalidad garantizar a toda la población el libre ejercicio de los derechos y libertades. La razón de ser que otorga legitimidad a la profesión policial es la protección y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales, razón que constituye su horizonte último. Es una labor íntimamente ligada al bienestar general y a la calidad de vida de las personas como función superior del Estado.
Uno de los principales desafíos es la construcción social de nuevas prácticas de seguridad ciudadana. Por todo lo anterior, la mejor prevención de las violaciones a los derechos humanos en una sociedad democrática se sustenta, entre otras, en un adecuado diseño de una política de seguridad ciudadana que contribuya a la reducción de los niveles de violencia, formulada desde la perspectiva del derecho al desarrollo.
Hay factores que coadyuvan a que el problema tenga expresiones y consecuencias más graves en determinados lugares y para sectores específicos de la población:
Ø La pobreza extrema, la exclusión social, la desigualdad, la marginación social, la inexistencia de expectativas razonables de superación y progreso, contrastadas con el conocimiento de las múltiples oportunidades de disfrute material que ofrece la vida moderna.
Ø La incapacidad del Estado por ofrecer acceso justo e igualitario a la seguridad y la justicia; en muchas ocasiones por ausencia o debilidad y en otras por las equivocadas formas de enfrentar el problema. La población muchas veces considera que el Estado no puede – y en ocasiones incluso que no quiere – combatir adecuadamente a los criminales y que la impunidad de los perpetradores alienta la reiteración del fenómeno.
El problema concreto de la inseguridad ciudadana, sumada a una percepción muy alta de inseguridad, generan consecuencias políticas y sociales que trascienden al problema en sí mismo.
Entre ellas:
Ø Se genera una presión muy grande y difícil de manejar desde la población hacia sus gobiernos por soluciones inmediatas al problema de la inseguridad ciudadana, debilitando los grados de gobernabilidad.
Ø Se afecta la calidad de vida de la gente, a la vez que aumenta la desigualdad. Las pérdidas para las víctimas pueden ser irreparables en múltiples sentidos y afectan severamente su capacidad de enfrentar con éxito los desafíos para conseguir bienestar y desarrollo. Por otra parte, como forma de enfrentar el problema se incrementa el uso de empresas privadas de seguridad, tendiendo a privatizar el acceso a la seguridad que en el contexto de pobreza, refuerza la situación de marginación social y exclusión.
Ø Se genera un clima de tensión, miedo y desconfianza del otro, visto como potencial agresor, que se convierten en una amenaza para la tolerancia, la convivencia y la paz.
Ø Se cuestiona la eficacia de las instituciones de nuestras democracias y se las hace responsables por no poder solucionar de inmediato estos problemas. En algunos casos, incluso, se desarrolla en muchas personas la idea de que sólo es posible enfrentar estos problemas recurriendo a métodos autoritarios, propios de las épocas de las dictaduras, debilitando con ello la adhesión democrática de la ciudadanía.
Lineamientos generales de política en seguridad ciudadana
La seguridad ciudadana:
Ø es una responsabilidad esencial del Estado y debe asumirse como una política pública que compromete la acción integral de éste.
Ø no debe depender de las contingencias políticas inmediatas y tener objetivos claros y verificables de corto, mediano y largo plazo.
Ø requiere compromiso político de las autoridades, pero también de las fuerzas políticas que no estén en el gobierno, de la sociedad civil y de los medios de comunicación, para liderar y orientar a la ciudadanía que, muchas veces presa del temor y la desesperación, exige soluciones inmediatas a problemas que requieren de procesos complejos y de políticas y acciones multidimensionales
Por lo tanto
Ø tiene que ser parte del conjunto de los esfuerzos de los Estados por avanzar en la inclusión social y la igualdad de oportunidades
Ø la seguridad, junto con la educación, la salud y la infraestructura, debe figurar entre las prioridades del Estado para asegurar que la exclusión social no se reproduzca para los mismos de generación en generación.
En cuanto a la democracia:
Ø Las políticas de seguridad ciudadana tienen también que ser parte del esfuerzo de fortalecer nuestras aún débiles democracias y garantizar las libertades públicas; conquistas fundamentales de las últimas décadas que no pueden ser arriesgadas. A este respecto, el punto de partida pasa por definir la seguridad como un derecho del ciudadano en democracia y sólo posible en el marco del respeto aun conjunto de derechos humanos.
En cuanto a los derechos:
Ø Las políticas de seguridad ciudadana deben ser concurrentes y no contradictorias con la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Ø no se alientan políticas que en nombre de la seguridad y el orden pongan en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos o de segmentos específicos de la población.
Ø No es viable canjear libertad y derechos a cambio de seguridad. No solamente porque se pierden derechos fundamentales conquistados en nuestros países con mucho sacrificio, sino porque es un canje ficticio y fallido, ya que en ningún lugar, políticas así concebidas han sido eficientes.
Ø Ello no debe ni puede asociarse con justificación para la pasividad o complacencia frente al delito, ya que es un problema de primer orden para la población y que requiere toda la prioridad y firmeza del Estado para enfrentarlo.
Finalmente:
Una política de seguridad ciudadana requiere una debida prioridad en la asignación del gasto público. Aún así, no bastaría contar con mayores recursos, si no se obtuvieran resultados en la mejora de la calidad del gasto y no se estableciera de modo adecuado las prioridades para su uso.
Tomando en cuenta la inseguridad ciudadana como:
Ø fenómeno complejo
Ø que proviene de multiplicidad de factores
- económicos,
- sociales,
- culturales,
- familiares,
- institucionales, etc.
La respuesta eficaz es
Ø represión legal y sanción oportuna al infractor, pero no puede limitarse a esta dimensión.
Entonces, la prevención del delito es la estrategia fundamental e insustituible:
Ø prevención situacional: creación de condiciones que impiden la ocurrencia de un hecho delictivo específico
Ø prevención social: enfrentar los problemas de fondo que crean condiciones para que personas o grupos en riesgo lleguen a incurrir en actos delictivos.
Esta prevención:
Ø requiere intervenciones consistentes de corto, mediano y largo plazo, frente a la cual no se pueden demandar o esperar resultados inmediatos o efectistas.
Ø trasciende a las instituciones tradicionalmente dedicadas a ha hacer frente al delito
Ø requiere una acción transversal del Estado y participación de la sociedad.
ALGUNOS APORTES TEORICOS
Transcribimos a continuación algunos párrafos del trabajo de Sofía Tiscornia[3], Informe Anual 1998 del CELS:
Según cita “el criminólogo Ian Taylor[4] dice que el miedo al delito en las clases más pobres es real, pero lo es también —o fundamentalmente— como metáfora generalizada de inseguridad y sentido de la desarticulación social. Es esta inseguridad social y cultural que alimenta el apoyo de la clase trabajadora y de los desocupados a políticas y estrategias de represión ostensible en la que el control de los delincuentes sería un medio para restaurar el significado perdido de comunidad o de identidad (trabajadora, política, etc.) … para ello, estamos dispuestos a resignar libertades y a apoyar represiones.”
En el mismo trabajo, la autora dice que “en Argentina, el 85% de la población no se siente protegida y, cuando se le pregunta porqué motivos, un 44.4% responde que por falta de confianza en la policía, un 12.0% porque piensa que creció la delincuencia y sólo un 3.2% porque la delincuencia es más violenta.”
Más adelante, “la cuestión es que los diversos grupos de interés que conviven en un barrio no sólo tienen intereses diversos, sino también cuotas de poder diferente. Y muchas veces estas diferentes cuotas de poder resultan en que algunos puedan definir o lograr que se definan conflictos como delitos. El problema es cómo se hace para que los diferentes actores dispuestos a discutirlas argumenten desde un piso mínimamente común y no algunos desde el lugar de los siempre víctimas y otros desde el lugar de los siempre autoridad moral.
Muy difícilmente podamos unir a los residentes de clase media alta, los ocupantes de casas abandonadas, las minorías étnicas, los desocupados, etc., mediante apelaciones abstractas al “bien de la comunidad, o políticas comunitarias” en defensa de la seguridad barrial.
En resumen, el piso de homogeneidad del que debemos partir es, sin duda, el de la defensa de las libertades, con toda la complejidad que de ello resulta.
Construir instituciones como males necesarios sólo nos puede conducir a conformarlas con las viejas identidades a las que están acostumbradas: instituciones contra el público, funcionarios enfrentados a la gente.”
Otro documento del CELS[5], que resumimos a continuación y del cual no figura autoría, plantea más aspectos sobre el tema:
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE RESPONDER AL RECLAMO SOCIAL POR LA INSEGURIDAD
El problema de la inseguridad afecta a toda la sociedad y en forma particularmente grave a los sectores de menores recursos. Por ello, las políticas públicas deben proteger a los diversos actores y no sólo los derechos de un determinado sector social y mucho menos que promuevan la seguridad de un determinado grupo a costa de los derechos de los demás ciudadanos.
En este sentido, la función del sistema político es traducir los reclamos sociales en políticas públicas. Un reclamo extendido como el “que se vayan todos” no fue interpretado literalmente como la desaparición de la política, ni pudo ser reducido al recambio de funcionarios, sino que se elaboró como una demanda de transformación institucional que incluyera la necesidad de modificar profundamente las prácticas políticas.
Si el sistema político traduce la multitud de reclamos sociales en forma lineal e irreflexiva, pierde su función de mediar en los conflictos, de construir acuerdos y diseñar políticas públicas, actúa de modo irresponsable. El resultado de ese accionar es el de estos últimos años: el agravamiento del problema por la generación de políticas contradictorias sólo evaluadas a la luz de coyunturas cambiantes.
Por una parte, se ha comprobado estadísticamente que el incremento de las penas no tiene mayor incidencia en una problemática cuyas principales causas son la ineficacia del sistema penal y la consecuente impunidad, en un contexto de crisis social.
Por otro lado, la limitación de las excarcelaciones –cuyo efecto concreto ha sido la generalización de la prisión preventiva– ha contribuido a ocultar y agravar dos problemas del sistema de justicia en Argentina:
a) su incapacidad para garantizar la presencia de los imputados en el juicio y,
b) la extensión de los plazos transcurridos entre la comisión del hecho y el juicio.
El sistema político ha preferido en lugar de solucionar estas distorsiones, reducir las posibilidades de excarcelación y ocultar sus efectos escandalosos con la generalización ilegal de la prisión preventiva para que ésta funcione como pena anticipada.
La combinación de estos errores produjo resultados paradójicos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el incremento de las personas privadas de su libertad en comisarías ha causado que un creciente porcentaje de funcionarios policiales relegaran sus funciones específicas para dedicarse a la custodia de detenidos.
La eficacia y control de las instituciones de seguridad y justicia
Modificar las penas cuando el problema radica en las instituciones encargadas de aplicarlas es una respuesta errada que agrava el conflicto. Más aún, sancionar una serie de leyes para no cambiar las prácticas institucionales resulta cómplice con el problema de la inseguridad
Es necesario:
Ø reestructurar las fuerzas policiales mejorando el control sobre su accionar;
Ø desarticular las redes de ilegalidad entre las instituciones policiales y el delito organizado;
Ø orientar el trabajo policial hacia una tarea eminentemente preventiva a partir de un replanteo de su relación con la sociedad.
En materia judicial, deben promoverse:
Ø mecanismos de control ciudadano de la Justicia;
Ø una mayor participación de las víctimas en el proceso penal
Ø fomentar la creación de mecanismos que permitan una resolución más ágil de los conflictos.
Asimismo, el Poder Judicial debe fortalecer su capacidad de control de las rutinas e investigaciones policiales de modo tal de desalentar la participación en actividades ilegales.
En el contexto de un sistema político e institucional en crisis, y de una sociedad desarticulada (con indicadores de inequidad, desigualdad y pobreza alarmantes) no hay sistemas que funcionen eficazmente en la resolución de los conflictos.
Otro trabajo del CELS[6] expone la utilización del discurso como “ola de inseguridad”, “el rebrote de la inseguridad” o, directamente, la “epidemia de inseguridad”.
Esta forma de representar el contexto social con imágenes catastróficas propias de la naturaleza estuvo presente en las crónicas periodísticas y en discursos políticos, con diversas implicaciones. En primer lugar, los hechos aparecen como inevitables, imposibles de anticipar. En segundo lugar, quedan borrados los sujetos —individuales o colectivos— responsables de la situación. Además, tal como indica la doctora en Derecho y Sociología Irene Vasilachis de Gialdino, “la definición en términos dramáticos de las situaciones sociales remite semánticamente a circunstancias que requieren de soluciones inmediatas para evitar y paliar consecuencias negativas de más vasto alcance. La exigencia de rapidez y eficiencia de la respuesta, por lo general, justifica el empleo de medios de solución que no se aceptarían ni ética, ni jurídicamente en situaciones normales”.
En síntesis, las variaciones en el delito son presentadas como una catástrofe sin responsables, que afecta o “tapa” a toda la sociedad por igual, por lo que se naturaliza que se exijan medidas dramáticas y excepcionales, tal como se expresa en frases como: “Detenernos en una discusión sobre el garantismo es perder el tiempo y no atender las urgencias”.
La selectividad del tipo de crímenes que más se publican y el mencionado sesgo en la lectura de los datos acotaron, si no definieron, las soluciones que se perfilan como posibles.
En términos de Sofía Tiscornia, una política comprometida con los derechos humanos “tiene interés en agujerear la trama de la ‘opinión pública’, del montaje periodístico, de la banalización de los procedimientos policiales y judiciales, aun cuando sabe de la vigencia de la hegemonía del discurso de la seguridad y del peligrosismo y por ello, de la dificultad de argumentación por fuera de esos discursos”.[7]
Dos años antes Blumberg había denunciado que los “derechos humanos son solamente para los delincuentes” y había apuntado directamente contra los organismos de derechos humanos.
En 2006, el año de la reapertura de los juicios por los delitos de lesa humanidad de la última dictadura, en el reclamo de seguridad se volvió a apuntar al supuesto carácter sectorial de los derechos humanos, esta vez con énfasis en “el pasado”.
Estos discursos que convergen en las referencias a los “derechos humanos” y en denunciar su sesgo sectorial —del pasado, de izquierda, etc.— supuestamente reclaman la ampliación de la defensa de los derechos humanos hacia otros sectores y problemáticas. Sin embargo, cabe preguntarse por el alcance de esta reclamada ampliación, en boca de quienes la proclaman.
La antropóloga Claudia Briones advierte que la “polaridad ‘mano dura/garantismo’ es vista como una confrontación de intereses sectoriales que no representa ni logra producir explicaciones válidas para el ‘ciudadano común’”. En forma análoga, si la política de derechos humanos (que demandan diversos organismos de la sociedad civil e impulsa el gobierno) no responde a esta complejidad operando sobre la desigual realidad social con políticas públicas efectivamente compensatorias, también mostrará su costado sectorial.
Por último, es necesario evitar una lectura simplista en el sentido de que la exclusión y los problemas que causa el delito pueden revertirse solamente con políticas sociales, explicitando que se requieren políticas específicas y efectivas de seguridad y justicia, en forma articulada con las políticas sociales.
[1] BASOMBRÍO IGLESIAS, Carlos y ALBALADEJO ESCRIBANO, Isabel, Seguridad ciudadana en América Latina, Una propuesta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en http://www.iidh.ed.cr/comunidades/seguridad/docs/seg_publicaciones/seguridad%20ciudadana-%20prop.iidh%202007.pdf
[2] El concepto de seguridad humana, como tal, aparece en 1993 propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aludiendo a ocho dimensiones de la seguridad: económica, financiera, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, de género, comunitaria y política. Véase Informe Anual Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1994.
[3] TISCORNIA, Sofía, directora del programa Violencia Institucional, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, CELS en http://www.cels.org.ar/common/documentos/informe_1998_cap_13.pdf
[4] Taylor, I.: "Contra el crimen y por el socialismo", en Revista Delito y Sociedad, nº 4/5, Bs. As., 1994.
[6] PERELMAN Marcela, PALMIERI Gustavo F. y otros, Olas de inseguridad. Actores, discursos y políticas en un debate público que atraviesa derechos humanos y exclusión, Cap. VII http://www.cels.org.ar/common/documentos/informe_2007_cap_7.pdf
[7] Tiscornia, Sofía, “Derechos humanos, seguridad y publicidad del crimen”, en Encrucijadas, Revista de la Universidad de Buenos Aires, nº 25, 2004.
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